Nicaragua. Análisis sobre la situación actual

 

Nicaragua

Análisis sobre la situación actual

Axolotl Global Intelligence

Febrero 2023

 

Introducción

 

El pasado jueves 9 de febrero el gobierno de Nicaragua ex-carceló a 222 presos políticos y los envió en un avión a Washington, bajo la acusación de ser ‘traidores a la patria’. El mismo día, la Asamblea Legislativa nicaragüense aprobó una reforma a la Constitución despojando de su nacionalidad a cualquiera que sea declarado como tal, y autorizando al Estado a confiscar las propiedades de los condenados. La reforma les prohíbe también a ejercer cargos públicos ni de elección popular de ‘forma perpetua’.

 

Con esta decisión, el gobierno del Presidente Daniel Ortega y su esposa y Vicepresidenta Rosa Murillo ha despojado de su ciudadanía a un total de 317 voces destacadas críticas al gobierno autoritario. Entre las personalidades que perdieron ‘de facto’ la nacionalidad nicaragüense se encuentran personalidades de reconocimiento internacional, como el escritor y ganador del Premio Cervantes de literatura Sergio Ramirez, quien fue vicepresidente en el primer gobierno de Ortega entre 1985 y 1990; el excomandante de la revolución sandinista Luis Carrión, compañero en la lucha con Daniel Ortega en los años 80; el Obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, los siete ex-candidatos presidenciales, entre muchos otros.

 

No obstante, la estrategia no funcionó para deshacerse de la voz más disonante actualmente dentro de la misma Nicaragua: Monseñor Ronaldo Álvarez Lagos, Obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí. En los últimos años y a pesar de las amenazas recibidas, el Obispo Álvarez fue una voz crítica muy activa y confrontacional contra la dictadura hasta el 19 de agosto de 2022, día en que fue puesto en arresto domiciliario. El 9 de febrero, el gobierno Ortega-Murillo intentó exiliarlo junto con los demás presos políticos, pero el Obispo se negó a subir al avión y abandonar Nicaragua. 

 

En respuesta, el 10 de febrero fue condenado a 26 años y 4 meses de cárcel por ‘traición a la patria’, ‘menoscabo de la integridad nacional’ y ‘propagación de noticias falsas’; y encerrado en una celda de aislamiento conocida como ‘el Infiernillo’ en la cárcel de alta seguridad La Modelo. 

 

A pesar de la liberación y expulsión de los presos políticos, el gobierno continúa su cruzada contra la iglesia al ser una estructura social organizada y con recursos y liderazgo moral, y ha prohibido a los sacerdotes en el país hacer cualquier referencia a la detención del Obispo Alvarez, así como celebrar viacrucis en espacios abiertos. 

 

Desde 2018, hay interdicción para organismos internacionales de derechos humanos incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para ingresar en el país.

 

Las razones detrás de la expulsión de los opositores

 

Es natural preguntarse qué motivó al gobierno de Nicaragua a expulsar a los disidentes, sobre todo si ya estaban bajo control en la cárcel. Algunas razones son más obvias que otras:

  1. El régimen gana control sobre Nicaragua al exterminar las voces de oposición dentro del país, al tiempo que reduce la presión de la comunidad y la prensa internacional. 
  2. Con la expulsión se pavimenta el camino para ganar las siguientes elecciones sin oposición alguna.
  3. Se abre la puerta para propiciar el diálogo con el gobierno de Estados Unidos. A partir de  las represiones de 2018, el círculo cercano al matrimonio Ortega-Murillo ha sido objeto de sanciones individuales por el gobierno norteamericano. Tras la decisión unilateral de enviar a los presos políticos a Washington, el Secretario de Estado Anthony J. Blinken habló con el Ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua y reiteró “la importancia de un diálogo constructivo entre  [ambas partes] para construir un futuro mejor para los nicaragüenses”. 

 

La construcción de un estado autoritario 

Daniel Ortega fue presidente de Nicaragua por primera vez de 1985 a 1990. De 1990 a 2007 permaneció en la oposición, liderando el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Regresó al poder en 2007. A partir de entonces, el presidente ha ido fortaleciendo su posición a través de una serie de medidas legislativas. Para ilustrar este punto, describimos algunas de las acciones clave dirigidas a la construcción y fortalecimiento de un estado autoritario:

 

  • En junio de 2008, El Consejo Supremo Electoral cancela la legalidad a los partidos políticos de oposición  Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y Partido Conservador (PC).  Ese mismo año, se celebran elecciones municipales en donde los magistrados del Consejo Supremo Electoral desestiman todas las acusaciones de fraude en beneficio del partido gobernante.

 

  • El 19 de octubre de 2010, la Corte Suprema faculta la reelección presidencial al derogar el artículo 147 de la Constitución nicaragüense que prohíbe la reelección continua. 

 

  • El 9 de enero de 2010, con el decreto ejecutivo No. 3-2010, el gobierno nicaragüense ratifica y prolonga en sus cargos los funcionarios que integran los Poderes Judicial, Electoral, y demás Órganos e Instituciones de creación Constitucional. Dicha decisión volvió a sacar a las calles a la ciudadanía, trayendo consigo nuevas represiones. 

 

  • El 11 de noviembre de 2011, el gobierno es reelecto. El Consejo Supremo Electoral reporta que el partido gobernante obtuvo el 62.45% de los votos. El Centro Carter, que envió una misión de estudio entre el 3 y el 12 de noviembre, denuncia un proceso electoral “profundamente viciado”. 

 

  • En junio de 2013, paramilitares encapuchados vestidos con camisas oficialistas atacan a decenas de ancianos mientras se manifestaban pacíficamente pidiendo una pensión mínima mensual de 50 dólares. Organismos de derechos humanos documentaron las agresiones.

 

  • El 29 y 30 de enero de 2014, se aprueban las Leyes  No. 854 o “de reforma parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, que hace una serie de reformas parciales a la Constitución” y No. 855, “de reformas y adiciones al Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar”, que dan poder absoluto a Ortega sobre el Ejército y su uso, establece un mínimo de dos tercios de la asamblea para retirarle la inmunidad al presidente de la República, se da autorización al jefe del gobierno para proponer a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia así como del Consejo Supremo Electoral y la Procuraduría General de la República. De igual manera, se elimina cualquier mención a los límites de mandato, autorizando de facto la reelección ilimitada. 

 

  • En 20 de julio de 2018, el gobierno aprueba la Ley 976 o “de la Unidad de Análisis Financiero”, y la reforma el 7 de octubre de 2019. La ley fue creada para identificar posible financiamiento al terrorismo, pero en la práctica recolecta información sobre todas las transacciones nacionales o internacionales que “resulten sospechosas”. Esta ley tiene un impacto inmediato sobre el financiamiento de las organizaciones civiles, incluyendo aquellas defensoras de derechos humanos o de ayuda humanitaria.

 

  • El 8 de junio de 2019, el gobierno aprueba la Ley No. 996, o “de Amnistía”, concediendo “amplia amnistía a todas las personas que hayan participado en todos los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada” en vigor de la ley. Con esta ley, da inmunidad definitiva a todos los perpetuadores de la represión gubernamental. 

 

  • En agosto de 2019, se aprueba la Ley 977 o “contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP)”. La ley destina un capítulo completo para regular y supervisar a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) y define como acto terrorista a aquel que tenga “como objetivo causar la muerte o lesiones físicas y/o psíquicas contra cualquier persona, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, es intimidar a una población u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. Es decir, en la práctica establece control sobre todos los movimientos financieros de las OSFL y abre la puerta para poder declarar cualquier manifestación y protesta civil como un acto terrorista. 

 

  • El 15 de octubre de 2020, se aprueba la Ley 1040 o de “Regulación de Agentes Extranjeros”, dirigida a toda personalidad natural o jurídica nacional o de otra nacionalidad “que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento extranjero, utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, atentando contra la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país.” La ley está dirigida a controlar los fondos externos que puedan recibir las organizaciones civiles.

 

  • El 27 de octubre de 2020, es aprobada la Ley 1042 o “de ciberdelitos”, mejor conocida como “Ley Mordaza”. Esta ley prohíbe a los ciudadanos interceptar cualquier tipo de comunicación escrita que no les esté dirigida o que no esté disponible al público. De igual manera prohíbe grabar conversaciones, hacer cualquier captación indebida de comunicaciones ajenas, e incluso poseer equipos o prestar servicios que puedan ser utilizados para vulnerar la seguridad informática. Vale la pena mencionar que el artículo 28 de esta ley considera delito amenazar a otro a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sin embargo, esto mismo ha sido ejercido por las autoridades nicaragüenses contra sus propios ciudadanos. 

 

  • El 21 de diciembre de 2020, se aprueba la Ley No. 1055 o “de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”. Esa ley, de tan solo dos artículos, es la ley que define a los “Traidores a la Patria”, y que de facto amenaza a todos los “nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico.” La ley inhabilita de facto a los acusados para optar a cargos de elección popular.

 

  • El 18 de enero de 2021, se modifica el Artículo 37 Constitucional para establecer la pena de cárcel perpetua. 

 

  • El 3 de febrero de 2021, se aprueba la Ley No. 1060 o “ley de reforma y adición a la Ley No. 406”, en el que se amplía el plazo de detención de una persona, autorizando a retener a una persona detenida de 48 horas hasta 90 días sin debido proceso, “con el fin de solicitar una ampliación del plazo para investigar y se dicte detención judicial.” 

 

  • El 5 de mayo de 2021 se modifica la Ley No. 331 o “Ley Electoral”, que adiciona un artículo en donde se considera que “comete delito electoral todo el o la extranjera o extranjero residente o de tránsito en el territorio nacional que promueva, participe, intervenga personalmente, por medios de terceros o por cualquier medio tecnológico en asuntos políticos del país en cualquier tiempo”, restringiendo el acceso a los observadores internacionales Asimismo, se establecen restricciones a los candidatos de la oposición al tiempo que se facilita la reconfiguración del Consejo Supremo Electoral para beneficiar al Presidente.

 

  • El 7 de noviembre se celebran elecciones. El gobierno gana las elecciones con un 75% de los votos, según el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua. Organismos independientes denuncian más de un 80% de abstencionismo, además de irregularidades en el proceso. En agosto, el Poder Electoral declara ilegal al partido Ciudadanos por la Libertad, que gobierna en varias alcaldías. 

 

  • El 13 de noviembre de 2021, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) declara que las elecciones en Nicaragua “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”. 

 

  • El 19 de noviembre de 2021, tras el rechazo de la OEA al proceso electoral, Nicaragua denuncia la Carta Constitutiva del organismo y marca el inicio de su salida del organismo multilateral. El proceso normal para salir del organismo tiene un plazo de dos años. 

 

  • El 31 de marzo de 2022 se aprueba la Ley No. 1115 o “de regulación y control de organismos sin fines de lucro”. Esta ley limita a las OSFL a tener un máximo de 25% de miembros de otras nacionalidades con residencia vigente en Nicaragua, e incrementa el número de requisitos para el registro de nuevas OSFL. 

 

  • El 25 de abril de 2022, el Canciller de Nicaragua anuncia la expulsión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del país y retira sus diplomáticos ante el organismo multilateral, con sede en Estados Unidos. 

 

  • El 6 de noviembre se celebran elecciones municipales, con un abstencionismo del 82.67%, según el observatorio “Urnas Abiertas”.  El 25 de noviembre, el Consejo Supremo Electoral proclama al partido oficial vencedor en todos los comicios. El 10 de enero de 2023, el gobierno Ortega-Murillo toma posesión del 100% de las alcaldías, consolidando su poder absoluto sobre Nicaragua. 

 

  • El 9 de febrero de 2023, se aprueba la Ley No. 1145 o “que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense” con base en el Artículo 21 de la Constitucional, a fin de que “las personas sentenciadas al tenor de la Ley No. 1055” es decir, aquellas personas que sean declaradas “traidoras a la patria”. pierdan la nacionalidad nicaragüense.

 

Este paquete de leyes ha sido acompañado por una estrategia de agresiones e intimidación sistemáticas perpetradas por las fuerzas estatales o paramilitares contra ciudadanos, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales. Tras años de acoso sistemático, la oposición gubernamental está muy debilitada y sin capacidad real de competir. 

 

El cerco a la libertad de expresión en el país

 

Parte de la estrategia de desmantelamiento democrático del régimen Ortega-Murillo, ha estado enfocada a erradicar la libertad de expresión. “Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN)”, una asociación que  se constituye a partir de las manifestaciones de 2018, ha denunciado que ‘de 2007 a 2022, desaparecieron 51 medios de comunicación de todo tipo distribuidos a lo largo del país, así como 16 espacios informativos’. El estado ha confiscado los equipos de transmisión de todos los medios cancelados. PCIN ha documentado más de mil agresiones contra periodistas y ha denunciado también que las salas de redacción del diario La Prensa, Confidencial y 100% Noticias han sido forzadas a trabajar desde el exilio, al tiempo que más de 150 periodistas han tenido que huir o se les ha negado el ingreso al país, como fue el caso del nicaragüense Luis Felip Palacios, delegado de la Agencia EFE en Nicaragua. 

 

La relación actual con la iglesia católica 

 

La fe católica es mayoritaria en el país centroamericano. Desde el regreso de Ortega al poder en 2007, y ante las primeras muestras de autoritarismo por parte del régimen, la Conferencia Episcopal hizo diversos llamamientos al gobierno a respetar la democracia y los procesos electorales, sin generar una mayor reacción por parte de las autoridades.

 

La situación cambia radicalmente en abril de 2018, cuando el presidente de Nicaragua ordena a la Asamblea Nacional aprobar una reforma a la ley de la Seguridad Social, que reducía las pensiones de los jubilados e incrementaba las cuotas de los trabajadores y las empresas para la Seguridad Social. El 18 de abril, miles de ciudadanos salen a las calles para protestar. Tras los primeros enfrentamientos y una treintena de muertos en los choques con las autoridades, el gobierno decide retirar la ley, pero las manifestaciones no cesan. En respuesta, el gobierno orquesta una brutal estrategia de represión en contra de la ciudadanía. 

 

En su momento, diversos miembros de la Iglesia denunciaron la masacre de estudiantes perpetrada por paramilitares y el gobierno. La conferencia episcopal encabezada por el Cardenal Leopoldo Brenes intentó facilitar un diálogo nacional por la paz, y proponer una serie de cambios para restablecer el estado de derecho y la democracia, logrando pocos resultados. Desde entonces, el gobierno ha acusado a la iglesia de ‘golpista’, a los sacerdotes de ‘conspiradores’, ha metido a la cárcel y expulsado del país a decenas de religiosos incluyendo el Nuncio Apostólico, ha cerrado los medios de comunicación católicos, y ha promovido allanamientos a iglesias con violencia. 

 

En el más reciente acto de abuso y agresión contra la iglesia, el régimen ha acusado a la iglesia católica de ser una “mafia” al tiempo que ha amenazado a los religiosos a no hacer mención alguna al Obispo Alvarez, bajo riesgo de cárcel. Asimismo, ha prohibido las procesiones del viacrucis a lo largo del país. 

 

Las campañas gubernamentales de desinformación 

 

En noviembre de 2021, Meta (antes Facebook) removió mas de 1,000 cuentas de Facebook e Instagram controladas por el régimen Ortega-Murillo, operadas por empleados del Instituto Nacional de Telecomunicaciones y Servicios Postales TELCOR, y dedicadas a manipular la opinión pública a favor del régimen al tiempo que distribuían propaganda negativa contra la oposición. La campaña se difundió a través de una compleja red de plataformas sociales como Facebook, Tiktok, Instagram, Twitter, YouTube, Blogspot y Telegram, así como sitios de internet vinculados a estas entidades.

 

El ‘troll center’ inició a la par que los movimientos sociales de abril de 2018. De acuerdo con el reporte de Meta, entre abril y junio de 2018 esta red creó cientos de cuentas falsas, y “entre 2018 y 2019, la red se centró en desacreditar a los manifestantes, diseminar falsa información y reportar en masa sobre personas opositoras al gobierno. A partir de finales de 2019, conforme la red se volvió más compleja, se desplazó de criticar a la oposición y a los manifestantes y se concentró en amplificar a larga escala sus propios contenidos progubernamentales” con el fin de saturar el internet en Nicaragua con mensajes a favor del gobierno. El resultado fue la cancelación de la red por parte de Meta en 2021.

 

¿Qué ha cambiado desde entonces?

 

Como mencionamos arriba, las redes sociales se han convertido en una plataforma de debate entre las distintas narrativas y posiciones en este conflicto. Al analizarlas, podemos identificar con mayor detalle cuáles son las posiciones actuales de los ciudadanos, además de que nos permite detectar cuáles son conversaciones auténticas y cuáles son manipuladas por ‘troll centers’. 

 

La reciente expulsión y pérdida de nacionalidad de los opositores al régimen han generado reacciones en miles de cuentas en redes sociales, a favor y en contra de la decisión. En AXOLOTL hemos decidido concentrarnos en la conversación en torno a la liberación y expulsión de los presos políticos de Nicaragua, a través de interacciones en Twitter. Para ello, capturamos y procesamos 7651 menciones en Twitter comentando la liberación de los 222 presos, con el fin de tener un panorama claro de las distintas posiciones en el diálogo público en redes sociales tras la medida gubernamental.

 

La imagen que vemos a continuación (Figura 1) es una gráfica de la conversación en torno a la liberación de los presos políticos y su expulsión del país. Analizando los tweets se pueden apreciar tres comunidades claramente definidas. 

 

  • En rojo, se aprecia una red de bots usando cuentas internacionales para enviar mensajes favorables a la narrativa del régimen de Ortega, justificando las razones del destierro de opositores,
  • En verde, una conversación en apoyo a los presos políticos, 
  • Finalmente, en azul, el SPAM del activista brasileño Sérgio Camargo, quien retomó la noticia de la expulsión, aunque sólo para referirse a la situación de su país.

 

 

Las narrativas de crítica (en rojo)  se han centrado en una sola, la del activista pro ruso Anibal Garzón criticando al gobierno español por ofrecer la nacionalidad a los opositores nicaragüenses expulsados, como se aprecia a continuación:

En la siguiente gráfica (Figura 2) podemos ver cómo el mensaje de Garzón no genera redes de conversación. Su tweet muestra un comportamiento de amplificación coordinada, algo que está prohibido en las reglas de operación de Twitter.

 

Por su parte, en la comunidad en verde, a favor de los presos políticos, encontramos una extensa red de cuentas de Twitter de medios y activistas que difundieron los aspectos positivos de la liberación de los presos políticos y su situación actual, como este comunicado del embajador de Estados Unidos en Nicaragua Kevin Sullivan destacando el operativo de la liberación creando una extensa red de amplificación orgánica [a diferencia de la red de bots, en donde hay un solo punto generador, en el caso de una conversación orgánica la imagen se presenta como una red neuronal]:

 

Este tweet del embajador tuvo una gran repercusión en la noticia de la liberación de los presos políticos,  creando un extensa red de difusión en la que también se transmitieron las opiniones de la Cancillería de Ecuador, así como las del embajador Brian Nichols, Vice Secretario de Estado de los Estados Unidos para asuntos del hemisferio oeste, condenando la sentencia al Obispo Rolando Alvarez por parte del gobierno de Ortega:

Otro ejemplo de un comportamiento orgánico de la red de apoyo, esta vez en un medio digital es ‘El Hilo Podcast’ de la Radio Pública Nacional (NPR) de Estados Unidos, en donde se hace un recuento de la recepción de los presos en Estados Unidos con una canción popular, Nicaragua, Nicaragüita:

En la figura 3, sobre la red de apoyo a la liberación de los 222 presos, se puede apreciar claramente como destacan las conversaciones en torno a los embajadores estadounidenses Sullivan y Nichols.

A nivel menciones, a continuación enlistamos las cuentas cuentas más mencionadas en torno a la liberación de los 222 presos políticos:

  • @CamargoDireita  con 1,766 menciones
  • @AnibalGarzon con 417 menciones
  • @FerminVallejos1 con 372 menciones
  • @USAmbNicaragua con 318 menciones
  • @helloguille con 252 menciones
  • @Jschamorrog con 219 menciones
  • @CancilleriaEc con 168 menciones
  • @WHAAsstSecty con 143 menciones
  • @gustavojedag con 101  menciones
  • @elhilopodcast con 100 menciones

¿Qué es lo que amplifican los bots y trolls de forma coordinada en la conversación?

 

Para tener un mejor panorama de la calidad de la comunicación en torno a los 222 presos nicaragüenses liberados, aislamos los tweets más amplificados por bots y encontramos que el tweet del activista y periodista brasileño Sérgio Camargo es el mensaje más difundido de forma no orgánica y de forma coordinada:

De igual manera, y como ya mencionamos anteriormente, el activista español Anibal Garzón también hizo uso de bots y trolls para difundir su mensaje. Sin embargo, no son los únicos en manipular información de manera coordinada en esta conversación. 

 

Si se analiza con más detalle, se puede observar que, de todas las conversaciones en torno a la liberación/expulsión, solamente la conversación en torno al mensaje del Embajador Brian A. Nichols se desarrolla de manera totalmente natural y orgánica, mientras que los demás generadores de noticia, incluyendo el tweet del Embajador Kevin Sullivan, parecen tener una intencionalidad de incidir en la conversación de manera programada. Las siguientes son las cuentas por órden de amplificación:

 

1.- @CamargoDireita

2.- @AnibalGarzon

3.- @CancilleriaEc

4.- @UsAmbNicaragua

5.- @FerminVallejos1

 

Así pues, ambos lados están tratando de generar apoyos. De manera positiva, destaca que la oposición al régimen parece tener un comportamiento auténtico de comunicación y compromiso.

 

La oposición actual

 

Al día de hoy, la oposición es una amalgama de opiniones de distintas vertientes políticas, sin cohesión, discurso o proyecto definido, conformada mayoritariamente por jóvenes inconformes con el régimen autoritario de Nicaragua. Se comunican por redes sociales, y denuncian al gobierno desde sus plataformas.

 

Al interior de Nicaragua, el mapeo de redes sociales indica una resistencia civil, sin protagonistas definidos. Por su parte, los periodistas en el exilio (la mayoría en países circunvecinos) continúan trabajando para garantizar calidad en sus reportajes, y mantenerse cercanos a la ciudadanía a pesar de la distancia física, como se puede apreciar en la imagen siguiente (figura 4). 

 

 

 

Por su parte, en la imagen a continuación (figura 5),  se puede apreciar donde se generaron las conversaciones a nivel global en torno a la liberación y expulsión de los presos políticos. Las áreas rojas representan los tweets y conversaciones auténticas (orgánicas), mientras que las azules representan las conversaciones manipuladas (no orgánicas). 

 

Presión internacional

 

Desde los actos de represión de 2018, organismos internacionales como Naciones Unidas (Consejo de Seguridad, ACNUR, Alta Comisionada para los Derechos Humanos), y la Organización de Estados Americanos (OEA) incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (vinculada a la OEA), así como el Parlamento Europeo, han tratado de presionar a las autoridades para encauzar el diálogo.  El gobierno de España ofreció la ciudadanía a quienes lo requieran, y el gobierno de Estados Unidos ha sancionado al círculo cercano del dueto Ortega-Murillo. Por su parte, la Iglesia Católica ha intentado actuar como facilitador del diálogo.

 

En América Latina,el silencio y respaldo implícito al gobierno de Nicaragua comienzan lentamente a romperse. Miles de refugiados han encontrado asilo en países vecinos.  Tras la decisión de retirar la nacionalidad a cientos de opositores al régimen, el gobierno de izquierda de Chile en voz del presidente Gabriel Boric condenó al régimen Ortega-Murillo y ofreció su respaldo a los expulsados, poniendo presión al resto de los gobiernos latinoamericanos. Actualmente Argentina, Chile y México han ofrecido nacionalidad a todos los ciudadanos nicaragüenses que lo requieran. De manera particular, destaca el hecho de que el propio Presidente Lopez Obrador reiteró la vocación de México en materia de asilo y protección, más allá de ideologías y posturas políticas, y recordó que “la nacionalidad no se puede perder por decreto”. Fue cuidadoso al reiterar su rechazo a que el apoyo a los ciudadanos nicaragüenses pueda ser utilizado políticamente para beneficiar otros intereses. Además, Ecuador y Colombia han hecho pronunciamientos expresando su preocupación por las acciones de Daniel Ortega. 

 

Conclusiones

 

El gobierno de Nicaragua ha desmantelado por completo las estructuras democráticas nacionales y reducido a polvo a la oposición. 

 

A pesar de ello, pareciera haber un “empate técnico” entre la difusión de propaganda gubernamental y la resistencia ciudadana a nivel de la redes sociales. 

 

Actualmente, no existe un solo líder nicaragüense que parezca ser capaz de aglutinar la resistencia a nivel redes sociales. Por el momento, son los embajadores norteamericanos quienes parecen llevar la batuta en este enfrentamiento. 

 

Reconstruir un estado democratico requerirá no solamente de un gran esfuerzo, sino de voluntad y herramientas que faciliten la reactivación de un diálogo entre fuerzas opositoras pero que se reconocen y respetan, y la reconstrucción de un andamiaje legal que facilite y garantice un estado de derecho y libertades para todos los ciudadanos. Y para que esto se lleve a cabo se requiere de una constante y firme presión internacional. Por el momento, solo los Estados Unidos y la Unión Europea parecen estar dispuestos a presionar en este sentido. 

 

Por su parte, el giro de América Latina hacia la izquierda, en la búsqueda de un modelo social más equitativo, más justo, más igualitario, pareciera ser un apoyo para el gobierno nicaragüense. Sin embargo, dependerá de la situación de derechos humanos en Nicaragua, como hemos visto con este proceso de liberación/expulsión.  

 

Numeralia 

 

  • 16 años ha estado Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, desde su regreso al poder en 2007.
  • 18 son las universidades privadas y públicas intervenidas por el gobierno Ortega-Murillo
  • 160 periodistas y trabajadores de medios de comunicación de Nicaragua se exiliaron desde abril de 2018, según la red regional Voces del Sur.
  • 160 (de un total de 180) es el lugar que ocupa Nicaragua en el último reporte sobre libertad de prensa elaborado por Reporteros sin Fronteras. El país centroamericano está por debajo de países como Rusia, Sudán o Venezuela.  
  • 355 son las personas asesinadas reconocidas oficialmente en la masacre de abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
  • 396 han sido las agresiones sistemáticas contra la iglesia católica, entre abril 2018 y octubre de 2022, de acuerdo al informe “Nicaragua: ¿Una iglesia perseguida?” elaborado por la abogada Martha Molina Montenegro. Las agresiones han sido no solamente en contra de sacerdotes y obispos, sino también en los templos y organizaciones sin fines de lucro. 
  • 483 son los intelectuales y artistas de talla internacional que firmaron la carta “Son y serán nicaragüenses” en solidaridad con los nicaragüenses cuya ciudadanía ha sido despojada arbitrariamente. Entre ellos, la ganadora del Premio Cervantes Elena Poniatowska, el escritor Salman Rushdie, el Premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk, los Premios Princesa de Asturias Paul Auster y Siri Hustvetdt, la periodista Carmen Aristegui, el cantautor Ruben Blades, entre muchos otros.
  • 3,000 son las Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales que han sido canceladas desde 2018 y sus bienes confiscados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
  • 200,000 son los exiliados nicaragüenses que han huido de la represión gubernamental según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).


Posted

in

by

Tags: